La nueva normativa acaba con 76 proyectos de renovables en Almería La Junta presenta un recurso de anticonstitucionalidad contra el Gobierno Central por las medidas que afectan a más de mil empleos en la provincia La Voz de Almería El sector de las energías renovables, tan en boga en Almería hace  solo un lustro, ha entrado en barrena. Los empresarios están en franca retirada y las inversiones y empleos previstos heridos de muerte: la retirada de las primas a estos proyectos ha sido el aldabonazo para que la rentabilidad caiga en picado y ninguna empresa del sector se atreva dar un paso adelante. En la teoría y en la práctica, el cien por cien de los proyectos de renovables y cogeneración en la provincia se han paralizado y otros han renunciado al permiso y ya no se pondrán en marcha. En total son 51 proyectos los que quedan en el dique seco, más de veinte municipios que no aumentarán ingresos y otros 25 cuyos promotores han dado la espantada. La delegada provincial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Adriana Valverde criticó ayer las medidas adoptadas por el Gobierno central que afectan a las energías renovables “al crear incertidumbre e inseguridad jurídica y poner en riesgo su rentabilidad, lo que está haciendo que muchas empresas abandonen sus proyectos,”. Moratoria Adriana Valverde ha manifestado que, además de la moratoria a las primas que reciben las renovables aprobada en enero de 2012, “el Gobierno ha cambiado las reglas del juego en mitad de la partida al sector” con medidas que suponen un nuevo impuesto a los generadores de energía eléctrica “que compromete seriamente la rentabilidad y por tanto el futuro de las instalaciones renovables”, una merma de los ingresos para los pro-ductores al no actualizarse el precio de sus retribuciones con el IPC normal, sino con uno reducido (el subyacente), y la exigencia de nuevos criterios a proyectos que ya se habían tramitado conforme a otra legislación y requisitos. En este contexto, ha explicado la delegada territorial, el Gobierno andaluz continuará apoyando y defendiendo “un sector que consideramos estratégico para nuestra tierra y que implica a 80 empresas y un millar de empleos en la provincia”, interponiendo un recurso de inconstitucionalidad contra las últimas normativas  aprobadas por el Ejecutivo central: la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, el Real Decreto-Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, y el Real Decreto-Ley 29/2012 de mejora en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social. Valverde ha precisado que el nuevo impuesto del 7% a los productores eléctricos que recoge la Ley de Medidas Fiscales “tiene un claro afán recaudatorio” ya que “este impuesto lo trasladarán, más temprano que tarde, las compañías eléctricas y de gas a la factura que pagan las familias y las empresas, lastrando la competitividad de estas últimas con un aumento de los costes de producción”. Impuesto Este impuesto afectará a 588 instalaciones de energías renovables y de cogeneración –en las que se produce electricidad y calor al mismo tiempo usando combustibles fósiles- en la provincia de Almería, con una potencia instalada de 636,87 MW y que actualmente tienen 198 empleos asociados, “ya que reducirá su rentabilidad, porque no es lo mismo gravar una instalación que lleva 30 años funcionando y está amortizada que una que lleva dos años en marcha, que es lo que les ocurre a las renovables”, ha añadido Adriana Valverde. El Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno central mediante el que suspendió las primas a las instalaciones de energías renovables “dejó sin incentivos a los proyectos presentados desde la fecha de publicación al anular las convocatorias futuras, pero también a los presentados en las convocatorias de preasignación de 2012.